La Organización Internacional para las Migraciones reconoce la importancia de abordar los desafíos derivados del cambio climático y la movilidad humana que, sin duda, son dos de los principales retos del siglo XXI. Por eso, en el marco de la Vigésima Séptima Sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), realizada en la ciudad de Sharm El Sheikh en Egipto, vemos una oportunidad clave para lograr un mayor reconocimiento mundial sobre las oportunidades y los desafíos que la migración y el desplazamiento relacionados con el clima, presentan para las comunidades de todo el mundo.

Los efectos adversos del cambio climático y la degradación ambiental están impulsando cada vez más la migración y el desplazamiento en todas las regiones del mundo, y particularmente en países con alta vulnerabilidad, exposición y baja capacidad de adaptación. Centroamérica es una de las regiones más vulnerables frente al cambio climático. Solo los desastres provocaron 23,7 millones de desplazamientos internos en 2021, según el Informe Global sobre Desplazamiento Interno (2022) del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, de los cuales 1,7 millones de desplazamientos fueron en la región de las Américas.

Para el caso de El Salvador, fenómenos como tormentas, inundaciones y sequías han afectado a la población y a la economía. La geografía de El Salvador está dominada por una zona conocida como el Corredor Seco, caracterizada por la sequía, acompañada en ciertos momentos de fuertes precipitaciones que provocan inundaciones y deslizamientos.  Lo que ha llevado, a nivel de país, a desarrollar diversos planes y políticas para contrarrestar los riesgos e impactos económicos, sociales y ambientales asociados al cambio climático estableciendo y priorizando los sectores que requieren planes y medidas de adaptación para poder lograr una mayor resiliencia ante el cambio climático.

Es importante analizar los vínculos entre la migración, el medio ambiente y cambio climático desde la óptica de la seguridad humana y situar a las personas vulnerables en el centro de las respuestas. El desplazamiento por cambio climático afecta particularmente a ciertos grupos como los pueblos indígenas, las mujeres y los jóvenes, por ello es importante centrar la atención en los esfuerzos. En este contexto de creciente concienciación, es importante fomentar la colaboración de los diversos sectores y formular respuestas innovadoras en este ámbito a fin de que la migración forme parte de las iniciativas para enfrentar la emergencia climática.

La COP27, en donde participa El Salvador, es una oportunidad que permite la adopción de medidas para mejorar el entendimiento, la coordinación y la cooperación para hacerle frente a los diversos impactos del cambio climático, incluyendo la reducción urgente de emisiones de gases de efecto invernadero, el fortalecimiento de la resiliencia y la adaptación a las consecuencias inevitables. También es una oportunidad para que los países puedan abordar todas las formas de la movilidad humana generadas por el cambio climático tales como el desplazamiento, la migración y el traslado planificado.

Los marcos globales y regionales más recientes demuestran que la población migrante está empezando a ser considerada en las agendas nacionales. La migración está inmersa en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, y cuenta con una meta específica para su cumplimiento (Meta 10.7), y siete de los ODS se centran en cuestiones climáticas y ambientales.

De igual forma, el nexo entre cambio climático y migración también se reconoce en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, aprobado en el seno de las Naciones Unidas en 2018 y que para su implementación El Salvador es país precursor, el cual contiene múltiples referencias a la migración causada por motivos ambientales. El Pacto destaca la necesidad de articular la agenda de migración y los esfuerzos de desarrollo sostenible, acción climática y reducción del riesgo de desastres. A la vez, exhorta a los Estados y partes a mitigar el impacto de los desastres, la degradación ambiental y el cambio climático como impulsores de desplazamiento y reconoce la necesidad de implementar vías seguras para las personas en movimiento.