La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) exhortó a la Asamblea Legislativa, y al Órgano Ejecutivo, de El Salvador a aprobar prontamente una nueva ley migratoria que corresponda a las dinámicas actuales y que articule acciones en materia de Derechos Humanos, seguridad humana y desarrollo, según lo establecido en la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible y las propuestas promovidas en el marco del Pacto Global para la Migración.

El Salvador debe adecuar su normativa especial en materia de migración y extranjería considerando todas las obligaciones que han contraído ante la comunidad internacional para, así, evitar arbitrariedades en el tema de la garantía, restitución y cumplimiento pleno de los derechos relativos a la movilidad humana de personas salvadoreñas, migrantes en tránsito o extranjeras residentes en territorio salvadoreño.

La Ley de Migración de El Salvador data de 1958 y su Ley de Extranjería de 1986. Comparativamente, los países vecinos que han actualizado estas normativas: Honduras la renovó en 2003; Costa Rica en 2009; Nicaragua en 2011 y Guatemala en 2016. Esto hace que El Salvador cuente con la legislación especializada más obsoleta en la región que, además, no responde a los desafíos en tema migratorio del presente siglo.

La ausencia de dicha normativa imposibilita al país el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 10 que llama a facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas. Por ello, la gobernanza migratoria salvadoreña se ve limitada e impide ofrecer un marco integral para el pleno desarrollo de personas extranjeras en El Salvador.

“Respetando la soberanía nacional que marca las políticas migratorias, vemos con buenos ojos lo que, hasta ahora, se ha ido acordando en torno al proyecto de ley que existe y los avances que se tuvieron dentro de la anterior Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa”, dijo Jorge Peraza Breedy, Jefe de Misión de la OIM para El Salvador, Guatemala y Honduras.

Según el Perfil de Gobernanza Migratoria (MGI por sus siglas en inglés), elaborado por la OIM, El Salvador cuenta con avances importantes en el tema de reintegración. Sin embargo, se han identificado retos en las áreas de protección de derechos humanos de las personas extranjeras migrantes en El Salvador. De acuerdo a estimaciones oficiales, hay casi 50 mil inmigrantes en el país.

El MGI mide el marco institucional y normativo sobre la migración de un país, identificando buenas prácticas y áreas por mejorar. Asimismo, puede ser utilizado para el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los ODS e integrar los resultados del análisis en las revisiones nacionales sobre compromisos ante foros multilaterales. Por tanto, el MGI brinda un marco y una metodología coherente, balanceada, práctica, concreta y comprehensiva para analizar las estructuras de la gobernanza del país.

Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Migración y de Extranjería, El Salvador se vería fortalecido en la ejecución de proyectos como el pasaporte electrónico y control biométrico; la creación de la Escuela Migratoria, que capacitaría a personal de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME); y en materia de seguridad.

Así como se comprometió con la anterior Comisión, la OIM reitera su compromiso de continuar trabajando de la mano con la nueva Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa para dar continuidad a esta iniciativa a fin de aportar al cumplimiento, garantía y restitución de los derechos de las personas migrantes en El Salvador.

Para mayor información, favor contactar a OIM El Salvador: José Miguel Gómez – miggomez@iom.int o a OIM El Salvador, Guatemala y Honduras: Alba Miriam Amaya – aamaya@iom.int